Morgan Quero desata indignación nacional tras llamar «ratas» a fallecidos en protestas
El ministro de Educación, Morgan Quero, se encuentra en el centro de una intensa controversia tras realizar comentarios considerados profundamente ofensivos en relación con los derechos humanos. Esta situación se desencadenó durante un evento oficial en Piura el miércoles 11 de diciembre, donde, al ser cuestionado por una periodista sobre la falta de respuesta del gobierno hacia las víctimas de la represión policial en las protestas ocurridas en 2022 y 2023, Quero emitió una declaración que ha generado una ola de indignación: "Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas".
Intento de aclaración y polémica ampliada
La repercusión mediática de sus palabras fue inmediata y contundente. Ante la creciente crítica, Quero intentó aclarar su posición en un medio televisivo, donde explicó que su respuesta había sido malinterpretada. Aseguró que su comentario se refería específicamente a violadores y asesinos dentro del contexto de un debate sobre la pena de muerte. "Supuse que la pregunta estaba orientada a ese tema. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas, no a las víctimas de las protestas", afirmó. Además, recordó que la presidenta Dina Boluarte ya había pedido disculpas en nombre del Estado por las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
Sin embargo, a pesar de estas aclaraciones, la Defensoría del Pueblo y varios actores políticos rechazaron rotundamente sus declaraciones. La Defensoría calificó de "ofensivas" las palabras de Quero y solicitó a la presidenta su destitución inmediata. En este contexto, el Congreso se encuentra preparando una moción de interpelación, impulsada por parlamentarios como Carlos Zeballos y Jaime Quito, quienes consideran que las disculpas ofrecidas por el ministro son poco creíbles y no abordan la gravedad de la situación.
Reacciones en el Congreso y la sociedad civil
La reacción en el Congreso ha sido igualmente crítica. Carlos Zeballos, representante de Acción Popular, enfatizó que lo dicho por Quero "agrede a las regiones afectadas" por la violencia y exigió que se presente una moción de interpelación antes del cierre de la legislatura. Por su parte, Jaime Quito ha calificado las palabras del ministro como "deplorables" y ha hecho un llamado a su salida inmediata del cargo. Las redes sociales se han convertido en un espacio fértil para expresar el descontento, donde ciudadanos y familiares de las víctimas han manifestado su indignación, considerando inaceptable la minimización de una tragedia que ha dejado profundas huellas en la sociedad.
Contexto y relevancia social
Las protestas en Perú durante 2022 y 2023 fueron una respuesta a diversos problemas sociales, políticos y económicos que han afectado al país. Las manifestaciones surgieron como un grito colectivo contra la corrupción, la desigualdad y la falta de atención a las necesidades básicas de los ciudadanos. En este contexto, la violencia policial y las muertes de manifestantes han dejado una cicatriz abierta en la memoria colectiva.
El papel del gobierno es crucial para abordar estas preocupaciones y garantizar que se respeten los derechos humanos. Las declaraciones del ministro Quero han sido vistas no solo como un ataque a la memoria de los fallecidos, sino también como un obstáculo para avanzar en el diálogo y la reconciliación social.
La situación actual exige una atención especial por parte de las autoridades para evitar que se repitan tragedias similares en el futuro. Es fundamental que se escuche a las voces de quienes han perdido a sus seres queridos y que se les brinde el apoyo necesario para sanar sus heridas. La defensa de los derechos humanos debe ser un compromiso irrestricto de todos los funcionarios públicos, quienes tienen la responsabilidad de proteger a cada ciudadano sin distinciones.
En conclusión, la controversia generada por Morgan Quero no solo pone en tela de juicio su capacidad como ministro sino que también refleja un problema más profundo en la política peruana respecto al manejo de temas sensibles como los derechos humanos. La sociedad civil, junto con diversas organizaciones defensoras de estos derechos, están pendientes de esta situación y demandan acciones concretas para garantizar justicia y verdad. La presión social y política parece estar aumentando, dejando claro que no se aceptará un discurso que deslegitime el sufrimiento de las víctimas.